Novedades del despacho, análisis jurídicos, apariciones en prensa y medios, artículos de profundización sobre derecho penal, civil e internacional.
Un caso llevado personalmente por el Despacho: la Corte de Casación aclara que, a efectos del art. 612-bis del Código Penal, no es relevante la voluntad declarada del autor, sino el estado de ansiedad persistente y la alteración de los hábitos de vida de la víctima. Ni siquiera la "finalidad laboral" justifica conductas invasivas y obsesivas.
Acusar a alguien de actuar de mala fe en una conversación de grupo no integra automáticamente el delito de difamación. Con el D.Lgs. 7/2016 la injuria fue despenalizada, pero sigue siendo un ilícito civil. Análisis de los límites del derecho de crítica según la orientación de la Casación.
Ofender a una persona en Facebook, Instagram o WhatsApp puede integrar la difamación agravada ex art. 595 párrafo 3 del Código Penal. Eliminar el contenido no extingue el delito: la publicación se perfecciona en el momento de la subida. Incluso la identificabilidad indirecta de la víctima es suficiente.
Intervención en el programa Story Time de Radio Canale Italia, dedicado a profundizar en el Derecho Comunitario y la actividad forense — con reflexiones sobre la movilidad profesional entre Italia y España y las peculiaridades del doble ordenamiento.
Actividad docente en Derecho y Ciencia de las Finanzas en el Instituto Económico Superior, orientada a la formación de estudiantes y a la transmisión de herramientas concretas de cultura jurídico-económica.
Obtención de la habilitación como Abogado en el Colegio de Abogados de Madrid n. 143734, que abre la vía al ejercicio forense directo en el sistema legal español.
El "revenge porn" no existe como delito autónomo: la figura es la del art. 612-ter del Código Penal sobre la difusión ilícita de imágenes sexualmente explícitas. Análisis de los riesgos para menores, del sexting, de la culpa in educando (art. 2048 del Código Civil) y de las responsabilidades de los padres sobre los dispositivos a su nombre.
Herramientas civiles y penales para el acreedor: embargo, pago directo por terceros (art. 473-bis.37 c.p.c.), embargo preventivo, hipoteca judicial, y la responsabilidad penal ex art. 570-bis del Código Penal. La Casación valora la capacidad efectiva de pago del deudor.
El art. 76 párr. 4-ter del D.P.R. 115/2002 permite la admisión a la asistencia jurídica a cargo del Estado incluso sin límites de ingresos para las víctimas de malos tratos, delitos sexuales y acoso (art. 612-bis del Código Penal). El juez admite de forma automática, sin documentación de ingresos.
Un caso llevado por el Despacho: la sentencia de divorcio es inmediatamente ejecutiva ex art. 282 c.p.c. y la revocación de la atribución comporta automáticamente la obligación de desalojo. Acto de requerimiento ex art. 605 c.p.c., preaviso de desalojo y ejecución forzosa del agente judicial.
Un caso concreto: sustitución de la pena por trabajos en beneficio de la comunidad ex art. 186 párr. 9-bis del Código de Circulación, extinción del delito, reducción de la suspensión del permiso de conducir. Análisis del período de suspensión ya cumplido y de los límites a la indemnización.
El cónyuge separado sin imputación de culpa mantiene los derechos sucesorios: solo con el divorcio se pierde la condición de heredero. Análisis de las soluciones para una tutela estructurada tras el divorcio: testamento, donación, cesión de cuota en el marco de los acuerdos de separación.
La negativa al etilómetro se equipara a una tasa superior a 1,5 g/l, con arresto de hasta un año, suspensión o revocación del permiso y sanciones accesorias. Las mismas reglas se aplican al art. 187 del Código de Circulación (sustancias estupefacientes). La importancia de la asistencia legal 24/24.
Un caso concreto con tasa superior a 1,5 g/l: no todos los supuestos están despenalizados, diferencia entre ilícito administrativo y delito penal, naturaleza administrativa del comiso pero dependencia del resultado penal, custodia del vehículo para reducir los costes de depósito.
La obligación de manutención no es ilimitada: la Casación permite la revocación cuando el "estudiante fuera de plazo crónico" no demuestra un compromiso concreto. El TAR Lacio reconoce al progenitor el derecho a acceder a la documentación universitaria ex art. 30 de la Constitución.
Un caso llevado por el Despacho: tras veinte años de separación sin manutención, reconocimiento de la pensión de divorcio a F. La pensión de manutención y la de divorcio tienen naturaleza distinta — esta última es autónoma respecto a la fase separativa. Relevancia de la disparidad económica y de la duración del matrimonio.
Caso AL.: padre separado, pérdida del empleo, condenado en primera y segunda instancia. La Casación estima el recurso: el juez debe valorar de forma motivada la capacidad económica del imputado, especialmente cuando la suspensión condicional se subordina al pago de cantidades.
La cesión del quinto no "protege" al trabajador de ulteriores acciones ejecutivas: el límite global de las retenciones es el 50% del salario neto. Reglas distintas para deudas ordinarias, alimentarias y fiscales con posibilidad de acumulación dentro de los límites legales.
No existen automatismos: el D.M. de 11 de abril de 2006 fija umbrales indicativos (750 mg cocaína, 250 mg heroína, 500 mg THC) pero no vinculantes. La Casación obliga al juez a valorar el contexto completo — empaquetado, dosis, instrumentos, condiciones personales — para distinguir uso personal y tráfico.
La asimilación a la vivienda principal requiere la atribución al progenitor a cuyo cuidado quedan los hijos menores (o mayores con discapacidad grave). Para los hijos mayores autosuficientes o estudiantes, el IMU sigue la propiedad. Líneas interpretativas de la Fondazione IFEL y consecuencias prácticas.
Papel del director escolar, comunicación al Tribunal de Menores, medidas reeducativas, amonestación del Jefe Superior de Policía para menores mayores de catorce años. El Consejo de Estado: no basta la mera sospecha para justificar la medida.
Caso llevado por el Despacho: el derecho de visita es una facultad, no una obligación coercible. El art. 709-ter c.p.c. permite intervenciones con función también sancionadora (Casación). En el caso concreto, aumento de la pensión de manutención para el progenitor custodio.
Caso M.: decreto penal de condena por conducción en estado de embriaguez, pena privativa de libertad ya convertida en pecuniaria. La Casación aclara que la primera conversión no impide la sustitución por trabajos en beneficio de la comunidad ex art. 186 párr. 9-bis del Código de Circulación, con posible extinción del delito.
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